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Un documento oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de San Carlos de Bariloche revela una deuda millonaria que involucra a Angostura Video Cable Sociedad Anónima, empresa controlada por la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB), lo que significa que la deuda recae sobre todos los asociados barilochenses.
La boleta de deuda número 723/06471/001/2025 certifica que el contribuyente identificado con CUIT 30-64883281-4, que corresponde a la CEB, es decir todos los usuarios de luz, adeuda al Fisco Nacional la suma de 194.043.552,29 pesos, correspondiente al impuesto al valor agregado según la Ley 23349 y sus modificaciones, más 29.106.532,84 pesos en concepto de intereses resarcitorios, punitorios y costas, totalizando una deuda de más de 223 millones de pesos que deben afrontar los usuarios de la cooperativa.
El documento, fechado el 20 de agosto de 2025, especifica que la deuda corresponde al saldo de la declaración jurada de mayo de 2025, con vencimiento de la obligación el 23 de junio de 2025 y fecha de presentación de la declaración jurada el 3 de julio de 2025. Este dato evidencia que la presentación de la declaración jurada fue posterior a la fecha de vencimiento (debía presentarse el 23 de junio y se realizó recién el 3 de julio), otra desprolijidad administrativa que deja abierto a cualquier interpretación tal desmanejo.
La "Lista Blanca" denuncia públicamente que esta situación es consecuencia de una mala administración durante la gestión actual, señalando específicamente que "los rojos" fueron responsables de decisiones que llevaron a este desfalco. En su comunicado, afirman que "así administran los rojos, en la gestión de los que hoy 'conducen' la CEB fue el juicio de Telecom y Apuaye. Y ahora, estos millones con ARCA (194 millones....) cuantas cosas más nos vamos a ir enterando."
El caso toma particular relevancia al mencionar antecedentes de conflictos judiciales previos con Telecom y Apuaye, sugiriendo un patrón de problemas administrativos y financieros en la cooperativa eléctrica barilochense.
La información de la denuncia, que es pública, expone una situación financiera crítica que afecta directamente a todos los asociados de la CEB, es decir, todos los barilochenses que utilizan los servicios de la cooperativa, quienes deben cargar con las consecuencias económicas de decisiones de gestión cuestionables. Como todos saben, AVC es una empresa controlada por la CEB, por lo que es imposible separar responsabilidades entre ambas entidades, y cualquier deuda de AVC impacta directamente en las finanzas de la cooperativa y sus usuarios.
La deuda se encuentra bajo la supervisión de García Roxana Karina, representante del Fisco de Recaudación y Control Aduanero, quien está autorizada para ejecutar judicialmente el cobro del impuesto según los artículos 92, 96 y 97 de la Ley 11.683.
Además, según las denuncias, el Consejo de Administración no recibe información de AVC desde hace 8 meses, e incluso se le negó información a la comisión fiscalizadora de la CEB, lo que agrava la situación de falta de transparencia en el manejo de la empresa.
Este escándalo financiero pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en la administración de las cooperativas de servicios públicos, especialmente cuando involucran fondos de miles de usuarios y asociados, y donde la falta de información y los retrasos en las obligaciones fiscales continúan incrementando el pasivo que deberán asumir todos los barilochenses.
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